jueves, 19 de agosto de 2010
viernes, 13 de noviembre de 2009
Documento conjunto de las Redes de la Ciudad de Buenos Aires (Inter-Redes)
No queremos una Ciudad para pocos
“La Ciudad promueve el desarrollo humano y económico equilibrado, que evite y compense las desigualdades zonales dentro de su territorio”
Art. 18 / Constitución de la Ciudad
de Buenos Aires
Somos integrantes de organizaciones sociales y trabajadores/as de programas del ámbito gubernamental que desarrollamos tareas en diferentes barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Uno de nuestros rasgos característicos es que trabajamos en red: compartiendo y articulando recursos, juntándonos a conversar de los problemas del barrio y viendo cómo resolverlos, organizando festivales comunitarios, luchando por mejorar la atención en los servicios públicos y valorando la participación de los/as vecinos/as en los temas que los afectan.
Las situaciones que vivimos como vecinos/as y trabajadores/as nos plantean la necesidad de reunirnos en esta “red de redes”, ya que los conflictos que atravesamos son parte de una realidad social que supera lo que pasa en cada barrio. Reconocemos a estas redes como actores sociales con la voluntad de trabajar conjuntamente para abordar las distintas problemáticas que afectan a la población de las zonas más desfavorecidas de la Ciudad.
La zona sur de la ciudad en particular –donde se desarrolla gran parte de nuestras tareas- se caracteriza por la existencia de gran número de asentamientos, villas y complejos habitacionales sociales. Se manifiestan en esta zona respecto al resto de la ciudad los mayores porcentajes de población con necesidades básicas insatisfechas y/o por debajo de la línea de pobreza, empleo informal o precario con niveles educativos por debajo del promedio de escolaridad .
Los/as jefes de familia son en general desocupados/as, subocupados/as o trabajadores/as esporádicos/as, dedicándose en su mayoría a tareas de albañilería, costura o recuperación urbana (cartoneo). La falta de documentación de la mayoría de los inmigrantes profundiza la precarización laboral. Otros tantos subsisten con planes sociales teniendo que recurrir a los comedores comunitarios o las escuelas para garantizar la mínima subsistencia.
Desde nuestra tarea estamos todos los días en los hospitales y centros de salud, en las escuelas, en los espacios que nos brindan las organizaciones para hacer apoyo escolar, en las canchitas y plazas de los barrios, en las oficinas públicas donde los vecinos buscan dar respuesta a sus problemas, en organizaciones de la sociedad civil que apoyan jurídica y socialmente a la población más vulnerable, en los centros donde los chicos y chicas, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes buscan aprender un oficio, expresarse a través del arte y la comunicación, el deporte, el juego, la recreación, entre muchos otros temas .
Este trabajo diario en la comunidad, en el barrio, en el territorio, nos hace ser parte de una realidad social que vemos con preocupación, ya que los principales problemas que viven los vecinos y vecinas de la Ciudad (dificultades en el acceso a vivienda, educación, salud, justicia, servicios públicos, transporte, trabajo, entre otros) en particular en la zona sur y los barrios más pobres –aunque se extiende a toda la ciudad- lejos de encontrar caminos de solución, se vuelven cada vez más difíciles de resolver, más complejos, más graves. Queremos detallar aquí algunos de esos temas, como punto de partida de un diagnóstico que nos permita construir una mirada común sobre los problemas de la Ciudad.
Educación
Uno de los principales problemas con los que se encuentran las familias de los barrios del sur es la falta de vacantes en las escuelas públicas, tanto en el nivel inicial como en el nivel primario –en menor medida en la escuela media-. Miles de chicos se encuentran con las puertas cerradas de las instituciones que deberían ser un resguardo de su derecho a la educación, principal punto de partida para formarse como ciudadanos en igualdad de condiciones con sus semejantes .
Esta ausencia de vacantes se ve agravada por la falta de escuelas e instituciones de enseñanza cercanas a los barrios del sur, donde muchos de esos chicos deben trasladarse en micro hacia barrios del centro o norte de la ciudad, con las consecuencias traumáticas que esto genera en la vida cotidiana familiar y en sus posibilidades de socialización. Los principales problemas que genera la situación de traslado son:
- problemas de adaptación, integración y socialización de los niños con sus pares y de sus padres con la escuela.
- bajo rendimiento escolar y deserción.
La distribución estatal de establecimientos, aparece en principio como más equilibrada desde el punto de vista de su cobertura territorial (el 54% en la zona norte y el 46% en la zona Sur, con un promedio de 22 establecimientos por Distrito Escolar). Sin embargo, no deja de ser asimétrica si uno la compara en función de la población y la expansión de la matrícula escolar, ya que en los distritos del extremo sur, que se hallan en los bordes la Ciudad (D.E. 4º, 5º, 9º, 20º y 21º, correspondientes a los barrios de La Boca, Barracas, Pque. Patricios, Bajo Flores, Villa Soldati, Nueva Pompeya, Villa Lugano, Villa Riachuelo y Mataderos), donde se concentra el 30% de la población escolar del sector estatal de la escolaridad primaria común -estamos hablando de más de 40.000 niñas y niños- se encuentran emplazados poco más de 20% del total de establecimientos educativos de la Ciudad. Esto pone de manifiesto un déficit en materia de infraestructura escolar del orden del 8 al 10% y constituye un claro indicador de desigualdad educativa .
El déficit en materia de infraestructura escolar en la zona sur quedó nuevamente evidenciado al comienzo de este ciclo lectivo, cuando se registraron en la Defensoría del Pueblo denuncias por falta de vacantes en algunas supervisiones de nivel primario de Distritos Escolares de la zona sur. Por suerte, debido a los esfuerzos se pudieron reubicar la mayoría de los alumnos. Sin embargo, en jurisdicción del D. E. 19º más de 400 alumnos registraron, un mes después de iniciado el año escolar, en “Lista de Espera” por falta de vacantes, lo que particularmente para los alumnos de 1º grado constituye una grave afectación de su derecho a una educación de calidad.
El problema de la falta de vacantes en la zona sur de la Ciudad no es nuevo ni desconocido para la administración. El Censo 2001 expuso que la tasa de natalidad en la zona sur de la Ciudad duplica a la zona norte. Precisamente ese año 2001 la Defensoría había denunciado 3850 alumnos del D.E. 19º habían sido derivados a escuelas de los D.E. 8º y 11º por falta de vacantes.
Esta situación no sería paradójica si no existieran decenas de escuelas en el resto de la Ciudad –especialmente primarias públicas- cuyas aulas se encuentran semivacías, o por lo menos por debajo de su cupo, generando una situación de desigualdad social educativa gravísima, transformándose la posibilidad de aprender –el derecho concreto a la educación de cualquier niño/a de nuestra Ciudad- en un privilegio en función de su lugar de residencia –y por ende en la condición económica de su familia-.
Además, sería necesario un mayor número de escuelas de jornada completa en las zonas más vulnerables. Actualmente solo un 33% de los alumnos de zona sur asisten a Jornada Completa, en comparación con 63% de la zona norte. La promoción de escuelas de Jornada Completa otorgaría un plus de educación que contribuiría a equipara la oferta educativa entre escuela de zona norte y zona sur. Así también los padres podrían dedicarse a trabajar la mayor parte del tiempo sin tener que dejar a los niños solos o al cuidado de otra persona.
Queremos, por otro lado, destacar el trabajo comunitario que muchos educadores/as y vecinos/as (integrantes de organizaciones sociales y comunitarias, trabajadores/as del GCBA y voluntarios) realizan en los barrios para dar respuesta a esta compleja situación, a través del trabajo conjunto en actividades de apoyo y sostenimiento escolar, en espacios públicos y comunitarios, que permiten que los chicos permanezcan en la escuela.
Existen programas estatales que se dedican a estas tareas, aunque su focalización y relativamente escasa extensión y presupuesto deja a expensas de la voluntad y compromiso de sus integrantes los logros que puedan alcanzarse. Los recortes en programas educativos y sociales que van en este sentido por la actual administración no hace más que mostrar la falta de prioridad que tiene para esta la educación de los sectores más vulnerables, en miras a mejorar su condición social, económica y cultural.
En el mismo sentido, vemos con preocupación la instalación de una lógica de “impacto” de estos programas de atención a la población más vulnerable, basados en una idea de “costo-beneficio”, donde se toma la relación entre número de trabajadores / número de beneficiarios como el principal indicador de resultados de una política pública. Esto toma en cuenta solamente el gasto realizado en función de la cantidad de población atendida, sin tomar en cuenta el tipo de intervención realizada, ni su duración, ni su complejidad. Para ser más claros, según esta lógica da lo mismo si se atendió una persona en una ventanilla para un trámite que el acompañamiento realizado a un niño o niña en situación de calle en función de la restitución de sus derechos.
Volviendo al ámbito escolar-barrial, creemos necesaria una mayor apertura de las escuelas a la comunidad, a través de una relación positiva entre las mismas y las instituciones de los barrios, dada la complejidad que los problemas sociales presentan en la actualidad. Temas como la violencia, el consumo de drogas, entre otras cuestiones, no pueden ser abordados efectivamente si la escuela cierra sus puertas a la comunidad, a sus centros de salud, a sus organizaciones comunitarias, tanto para dar discusiones y capacitarse como para realizar acciones en el espacio público que valoricen el encuentro, la construcción de vínculos y el trabajo articulado. Hemos comprobado que estas estrategias conjuntas, sostenidas en el tiempo y con los recursos apropiados, logran resolver problemas de gran complejidad.
En cuanto a los establecimientos de Educación Especial del sector estatal correspondientes a los niveles inicial, primario y medio, se observa que casi el 70% de los mismos están ubicados en la zona Norte de la Ciudad y que los D.E. 4º (La Boca), 11º (Flores) y 13º (Parque Avellaneda y parte de Mataderos y Lugano) de la zona sur no cuenta con oferta educativa de educación especial.
En la población de alta vulnerabilidad social el número de discapacitados es mayor que en la población general, ya que presentan mayor riesgo de enfermar y éstas enfermedades, dejan secuelas que afectan las diferentes capacidades.
A su vez un gran número de sujetos con discapacidad no reciben la atención necesaria, existiendo barreras arquitectónicas, culturales, sociales, desencuentros entre el sistema de Educación y Salud , distancias a los Centros de atención, y dificultades para mantener tratamientos a largo plazo.
Políticas sociales- Ejercicio de Derechos
“La Ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos. Asiste a las personas con necesidades básicas insatisfechas y promueve el acceso a los servicios públicos para los que tienen menores posibilidades”
Art. 17 Constitución de la Ciudad
En torno al acceso a los programas sociales, lo entendemos como la posibilidad del ejercicio de Derechos Humanos Básicos de las personas, como son: alimentación, vivienda, educación y trabajo (entre otros) del cual el Estado, en todas sus jurisdicciones es responsable inherente de garantizar dichos Derechos.
En la actual gestión se instaló en las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social –en particular allí, pero puede extenderse al resto de los ámbitos de gobierno- una lógica perversa de la exclusión social. Esta consiste en no negar de plano el acceso de las familias a los diferentes beneficios –subsidios, tickets, etc.- sino en desgastar a los beneficiarios solicitando una y otra vez distintos requisitos, provocando en los mismos que renuncien a la posibilidad de acceder a los mismos. Entre estos requisitos podemos mencionar la exigencia de presentación de historias sociales (elaboradas por profesionales) para reservar turnos para ingresar a algún programa; estas historias no tienen como objetivo un trabajo conjunto o seguimiento de las situaciones, sino dificultar el acceso a los mismos.
Lo que se esconde detrás de estas infinitas situaciones es el vaciamiento de las políticas públicas de desarrollo social en la Ciudad de Buenos Aires, la discrecionalidad en el otorgamiento de los beneficios y la voluntad de no financiar con recursos genuinos a la población más vulnerable. Vemos con preocupación un mecanismo diseñado para desgastar a los vecinos y paralelamente desfinanciar las políticas que deberían brindar atención a estos sectores, que ven profundizada su situación de marginación y vulneración de sus derechos más básicos a la alimentación, la educación, la vivienda, el acceso a medicamentos.
En lo referido específicamente a la situación de los migrantes en la Ciudad, la experiencia de trabajo nos demuestra que “la irregularidad migratoria” resulta un fundamento para negar el ejercicio pleno del Derecho .
Es importante resaltar que desde los programas sociales y demás servicios dependientes del Ministerio de Desarrollo Social del GCBA, se entiende como irregularidad migratoria no haber comenzado el trámite de radicación, es decir, no tener la residencia precaria o bien, no tener DNI Argentino, siendo estos los requisitos que garantiza el acceso a la atención y la posibilidad de solicitar y ser “beneficiario” de dichas políticas (Subsidio Habitacional, Nuestras familias o Ciudadanía Porteña).
Un ejemplo claro de dicha situación es lo que sucede con las respuestas desde el programa “Emergencia Habitacional” ante las problemáticas habitacionales que vivencian aquellas personas que no poseen DNI argentino. Esta condición no solo afecta a los migrantes que no tramitaron su radicación, sino también a todas aquellas personas que no tienen su DNI, las cuales son las de mayor vulnerabilidad, dado que dicho subsidio puede garantizar parte del pago del alquiler de una vivienda, evitando que las familias transiten por desalojos violentos y situaciones de calle.
Otras de las dificultades que se les presenta a quienes viven en villas es que no subsidian alquileres dentro de las mismas. Por otro lado, las gestiones ante el Instituto de la Vivienda de la Cuidad de Buenos Aires (encargado de dar respuesta a la problemática de vivienda de las Villas), se solicita DNI argentino, entre otros requisitos, para la inscripción a sus programas .
Adicciones
En el contexto de la Ciudad, la gestión de las políticas de asistencia y prevención de los consumos problemáticos de drogas está desarticulada, a pesar que la Ley aprobada, aún no reglamentada, prevé acciones integradas entre los Ministerios de Salud, Desarrollo Social y Educación. En los hechos, solo el Ministerio de Desarrollo Social cuenta con presupuesto específico para esta problemática y el Ministerio de Salud carece de presupuesto propio, respecto del Ministerio de Educación no se conocen acciones concretas.
Esta desarticulación imposibilita un abordaje integral del problema debido a los siguientes obstáculos:
En el área Salud cuando se requiere un dispositivo de mayor complejidad para resolver apropiadamente la situación-problema no se cuenta con unidades de desintoxicación en Hospitales, además se carece de unidades de traslado cuando se evalúa la necesidad de internaciones a comunidades terapéuticas no conveniadas con el Estado.
Las modalidades de admisión generan exclusión: por ejemplo en Nación, la Sedronar deriva a la población de usuarios de drogas mayores de 18 años a comunidades terapéuticas conveniadas, a tal fin realiza varias entrevistas de evaluación antes de la derivación, previa presentación del DNI y certificado del ANSES donde se constata que no estén trabajando.
En relación a los/as niños/as y adolescentes residentes en Ciudad de Buenos Aires la admisión está centralizada en el ASA, dependencia del Ministerio de Desarrollo Social de Ciudad sita en la calle Piedras al 1200, donde son derivados para ser admitidos en una comunidad terapéutica.
Los equipos de salud desconocen absolutamente el perfil o la modalidad de abordaje de las comunidades terapéuticas conveniadas tanto por la Sedronar como por ASA. (Casa Puerto, es la única comunidad terapéutica del GCABA) De esta manera se vuelve a constatar la ‘puerta giratoria’ del sistema en general. Estos dispositivos de internación no contemplan las características de cada sujeto, es así como la mayoría de ellos terminan interrumpiendo los tratamientos, contribuyendo en definitiva estas instituciones a la exclusión y marginación de aquellos a quienes deberían asistir.
El Ministerio de Desarrollo Social cuenta con otras áreas, tales como la Dirección de Niñez y Adolescencia de la cual depende tanto la derivación de niños y adolescentes a hogares convivenciales, paradores como a otros programas: Vínculos o el Programa de acompañamiento hospitalario necesarios para trabajar con esta población, sin embargo, los efectores de salud que asisten dicha problemática no tienen acceso directo a estos recursos a la hora de resolver una urgencia o emergencia en el momento en que lo requiera la intervención.
Por otro lado, en los programas que generan reinserción social –por ejemplo el Programa Lazos donde los jóvenes se insertan laboralmente en el sector público o privado con el fin de generar ingresos económicos- , los jóvenes están cuatro meses sin cobrar, dificultando seriamente el sostenimiento de los/as adolescentes en los respectivos proyectos.
La problemática de las adicciones, en el marco de una población de alta vulnerabilidad social y sanitaria con poca o nula accesibilidad al sistema de salud, requiere de tratamientos que brinden mayor sostén de contención en lo que respecta a las carencias sociales, económicas y educativas, a través del desarrollo de actividades en estrecha implicancia con la trama comunitaria.
Salud
Si bien la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el Art. 20 “garantiza el derecho a la salud integral”, tomando “el gasto público en salud como una inversión social prioritaria” vemos la dificultad a la accesibilidad (criterio enunciado específicamente en la Constitución) a los servicios de salud de la población de bajos recursos, por falta de ingresos, escasez de recursos, distancias geográficas o culturales, dificultando un diagnóstico precoz, control y tratamiento correcto de enfermedades colocando a esta población en condiciones de vulnerabilidad: mayor riesgo de enfermar y morir por patologías reducibles.
Lo anterior se evidencia en la existencia desde la epidemiología en patrones de morbilidad y mortalidad diferenciales según estratos sociales. La zona sur alcanza los índices más altos de mortalidad infantil, viendo que la Tasa de mortalidad infantil (por mil) por tríenos según CGP de la Ciudad de Bs As 2000/2004 ( ):
-En el CGP 8 es el 17,1,
-En el CGP 7: el 9,2,
-En el CGP 5: 14,6,
-En el CGP 4: el 11,7,
-En el CGP 3: 12,6 y
-En el CGP 1: el 10,6.
Tasas estas mas altas que las de los CGP de Zona Norte:
-En el CGP 10 es de 6,3
-En el CGP 2 Norte 6,8
Si tomamos la tasa acumulada de notificaciones de VIH x 1000.000 habitantes según zona de residencia en la CABA 2003-2008 vemos que ( ):
-Zona Norte: la tasa es de 38,5%
-Zona Centro: es de 48,1%
-Zona Sur: es de 84,5%
Por lo cual es posible observar una tasa de diagnóstico de VIH x 1000.000 habitantes en que la zona sur de la ciudad duplica a la zonas norte y centro en el número de pacientes.
Dado el nuevo escenario asistencial del subsector público, definido por un aumento, heterogeneidad y complejización de la demanda, el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires muestra un modelo de atención estructurado en función de la oferta asistencial para la atención de la enfermedad y la urgencia relegando tiempo y recursos para las actividades de prevención y promoción de la salud en conjunto con la comunidad. Estas aún así se realizan en muchas oportunidades por la voluntad y energía de equipos de salud, que se desgastan a causa de la tarea.
Los Centros de Salud se caracterizan por atender población materna infantil prioritariamente. Encontrándose en primer lugar de demanda la atención de los niños con problemas respiratorios, diarreas, parásitos, problemas dermatológicos, nutricionales. En relación a los adultos se destacan las embarazadas en relación a su control obstétrico y el programa de TBC para el diagnóstico, control y tratamiento del cada vez mayor número de familias afectadas por la tuberculosis. Tomando las unidades asistenciales de la zona sur de la CABA vemos que se encuentra el mayor porcentaje de casos notificados en el 2008: el 65,9 %
Esta realidad de atención fragmentada y saturada, además de vulnerar el derecho a una atención integral, accesible, eficaz y de calidad para la población usuaria de los servicios establecidos por la Constitución y la Ley Básica de Salud -legislaciones que definen sus derechos en este tema- genera que la población deba enfrentar además situaciones de maltrato y discriminación, negativas de atención por indocumentación o lugar de residencia, excesivas demoras en la obtención de turnos para la atención y estudios o cirugías, falta de provisión en tiempo y cantidad de leche, medicación, prótesis recetadas, déficit de mantenimiento edilicio y equipamiento técnico hospitalario.
El actual gobierno además impuso al sector una política de recortes presupuestarios para la compra de insumos y medicamentos que llegó por momentos a desabastecer por completo las farmacias de los hospitales y centros de salud, debiendo suspender cirugías y programas enteros y la entrega de medicación para que los pacientes puedan realizar el tratamiento acorde a la patología.
A modo de cierre e invitación
Como espacio de Inter-Redes, nuestra principal intención con este documento es dar a conocer desde nuestra propia mirada la realidad que estamos viviendo quienes trabajamos o vivimos día a día en las zonas más castigadas de la Ciudad. No pretende ser un documento cerrado, sino, por el contrario, funcionar como disparador de debates, conversaciones e intercambios, que hagan posible una mirada común de la realidad que nos toca vivir. Esa, creemos, es una condición para aportar al diseño y fortalecimiento de políticas públicas que aborden estos temas integralmente.
Como actores sociales tenemos la responsabilidad de asumir en nuestra tarea cotidiana un diálogo creativo y constructivo, que nos permita constituirnos como agentes de transformación, desde una visión crítica y autocrítica de las tareas que llevamos adelante y de nuestro rol como trabajadores/as, vecinos, educadores, profesionales, etc.
Es por eso que invitamos a circular este documento y enriquecerlo, discutirlo y dar lugar a nuevas miradas que nos permitan seguir construyendo una realidad más justa y digna para todos/as.
“La Ciudad promueve el desarrollo humano y económico equilibrado, que evite y compense las desigualdades zonales dentro de su territorio”
Art. 18 / Constitución de la Ciudad
de Buenos Aires
Somos integrantes de organizaciones sociales y trabajadores/as de programas del ámbito gubernamental que desarrollamos tareas en diferentes barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Uno de nuestros rasgos característicos es que trabajamos en red: compartiendo y articulando recursos, juntándonos a conversar de los problemas del barrio y viendo cómo resolverlos, organizando festivales comunitarios, luchando por mejorar la atención en los servicios públicos y valorando la participación de los/as vecinos/as en los temas que los afectan.
Las situaciones que vivimos como vecinos/as y trabajadores/as nos plantean la necesidad de reunirnos en esta “red de redes”, ya que los conflictos que atravesamos son parte de una realidad social que supera lo que pasa en cada barrio. Reconocemos a estas redes como actores sociales con la voluntad de trabajar conjuntamente para abordar las distintas problemáticas que afectan a la población de las zonas más desfavorecidas de la Ciudad.
La zona sur de la ciudad en particular –donde se desarrolla gran parte de nuestras tareas- se caracteriza por la existencia de gran número de asentamientos, villas y complejos habitacionales sociales. Se manifiestan en esta zona respecto al resto de la ciudad los mayores porcentajes de población con necesidades básicas insatisfechas y/o por debajo de la línea de pobreza, empleo informal o precario con niveles educativos por debajo del promedio de escolaridad .
Los/as jefes de familia son en general desocupados/as, subocupados/as o trabajadores/as esporádicos/as, dedicándose en su mayoría a tareas de albañilería, costura o recuperación urbana (cartoneo). La falta de documentación de la mayoría de los inmigrantes profundiza la precarización laboral. Otros tantos subsisten con planes sociales teniendo que recurrir a los comedores comunitarios o las escuelas para garantizar la mínima subsistencia.
Desde nuestra tarea estamos todos los días en los hospitales y centros de salud, en las escuelas, en los espacios que nos brindan las organizaciones para hacer apoyo escolar, en las canchitas y plazas de los barrios, en las oficinas públicas donde los vecinos buscan dar respuesta a sus problemas, en organizaciones de la sociedad civil que apoyan jurídica y socialmente a la población más vulnerable, en los centros donde los chicos y chicas, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes buscan aprender un oficio, expresarse a través del arte y la comunicación, el deporte, el juego, la recreación, entre muchos otros temas .
Este trabajo diario en la comunidad, en el barrio, en el territorio, nos hace ser parte de una realidad social que vemos con preocupación, ya que los principales problemas que viven los vecinos y vecinas de la Ciudad (dificultades en el acceso a vivienda, educación, salud, justicia, servicios públicos, transporte, trabajo, entre otros) en particular en la zona sur y los barrios más pobres –aunque se extiende a toda la ciudad- lejos de encontrar caminos de solución, se vuelven cada vez más difíciles de resolver, más complejos, más graves. Queremos detallar aquí algunos de esos temas, como punto de partida de un diagnóstico que nos permita construir una mirada común sobre los problemas de la Ciudad.
Educación
Uno de los principales problemas con los que se encuentran las familias de los barrios del sur es la falta de vacantes en las escuelas públicas, tanto en el nivel inicial como en el nivel primario –en menor medida en la escuela media-. Miles de chicos se encuentran con las puertas cerradas de las instituciones que deberían ser un resguardo de su derecho a la educación, principal punto de partida para formarse como ciudadanos en igualdad de condiciones con sus semejantes .
Esta ausencia de vacantes se ve agravada por la falta de escuelas e instituciones de enseñanza cercanas a los barrios del sur, donde muchos de esos chicos deben trasladarse en micro hacia barrios del centro o norte de la ciudad, con las consecuencias traumáticas que esto genera en la vida cotidiana familiar y en sus posibilidades de socialización. Los principales problemas que genera la situación de traslado son:
- problemas de adaptación, integración y socialización de los niños con sus pares y de sus padres con la escuela.
- bajo rendimiento escolar y deserción.
La distribución estatal de establecimientos, aparece en principio como más equilibrada desde el punto de vista de su cobertura territorial (el 54% en la zona norte y el 46% en la zona Sur, con un promedio de 22 establecimientos por Distrito Escolar). Sin embargo, no deja de ser asimétrica si uno la compara en función de la población y la expansión de la matrícula escolar, ya que en los distritos del extremo sur, que se hallan en los bordes la Ciudad (D.E. 4º, 5º, 9º, 20º y 21º, correspondientes a los barrios de La Boca, Barracas, Pque. Patricios, Bajo Flores, Villa Soldati, Nueva Pompeya, Villa Lugano, Villa Riachuelo y Mataderos), donde se concentra el 30% de la población escolar del sector estatal de la escolaridad primaria común -estamos hablando de más de 40.000 niñas y niños- se encuentran emplazados poco más de 20% del total de establecimientos educativos de la Ciudad. Esto pone de manifiesto un déficit en materia de infraestructura escolar del orden del 8 al 10% y constituye un claro indicador de desigualdad educativa .
El déficit en materia de infraestructura escolar en la zona sur quedó nuevamente evidenciado al comienzo de este ciclo lectivo, cuando se registraron en la Defensoría del Pueblo denuncias por falta de vacantes en algunas supervisiones de nivel primario de Distritos Escolares de la zona sur. Por suerte, debido a los esfuerzos se pudieron reubicar la mayoría de los alumnos. Sin embargo, en jurisdicción del D. E. 19º más de 400 alumnos registraron, un mes después de iniciado el año escolar, en “Lista de Espera” por falta de vacantes, lo que particularmente para los alumnos de 1º grado constituye una grave afectación de su derecho a una educación de calidad.
El problema de la falta de vacantes en la zona sur de la Ciudad no es nuevo ni desconocido para la administración. El Censo 2001 expuso que la tasa de natalidad en la zona sur de la Ciudad duplica a la zona norte. Precisamente ese año 2001 la Defensoría había denunciado 3850 alumnos del D.E. 19º habían sido derivados a escuelas de los D.E. 8º y 11º por falta de vacantes.
Esta situación no sería paradójica si no existieran decenas de escuelas en el resto de la Ciudad –especialmente primarias públicas- cuyas aulas se encuentran semivacías, o por lo menos por debajo de su cupo, generando una situación de desigualdad social educativa gravísima, transformándose la posibilidad de aprender –el derecho concreto a la educación de cualquier niño/a de nuestra Ciudad- en un privilegio en función de su lugar de residencia –y por ende en la condición económica de su familia-.
Además, sería necesario un mayor número de escuelas de jornada completa en las zonas más vulnerables. Actualmente solo un 33% de los alumnos de zona sur asisten a Jornada Completa, en comparación con 63% de la zona norte. La promoción de escuelas de Jornada Completa otorgaría un plus de educación que contribuiría a equipara la oferta educativa entre escuela de zona norte y zona sur. Así también los padres podrían dedicarse a trabajar la mayor parte del tiempo sin tener que dejar a los niños solos o al cuidado de otra persona.
Queremos, por otro lado, destacar el trabajo comunitario que muchos educadores/as y vecinos/as (integrantes de organizaciones sociales y comunitarias, trabajadores/as del GCBA y voluntarios) realizan en los barrios para dar respuesta a esta compleja situación, a través del trabajo conjunto en actividades de apoyo y sostenimiento escolar, en espacios públicos y comunitarios, que permiten que los chicos permanezcan en la escuela.
Existen programas estatales que se dedican a estas tareas, aunque su focalización y relativamente escasa extensión y presupuesto deja a expensas de la voluntad y compromiso de sus integrantes los logros que puedan alcanzarse. Los recortes en programas educativos y sociales que van en este sentido por la actual administración no hace más que mostrar la falta de prioridad que tiene para esta la educación de los sectores más vulnerables, en miras a mejorar su condición social, económica y cultural.
En el mismo sentido, vemos con preocupación la instalación de una lógica de “impacto” de estos programas de atención a la población más vulnerable, basados en una idea de “costo-beneficio”, donde se toma la relación entre número de trabajadores / número de beneficiarios como el principal indicador de resultados de una política pública. Esto toma en cuenta solamente el gasto realizado en función de la cantidad de población atendida, sin tomar en cuenta el tipo de intervención realizada, ni su duración, ni su complejidad. Para ser más claros, según esta lógica da lo mismo si se atendió una persona en una ventanilla para un trámite que el acompañamiento realizado a un niño o niña en situación de calle en función de la restitución de sus derechos.
Volviendo al ámbito escolar-barrial, creemos necesaria una mayor apertura de las escuelas a la comunidad, a través de una relación positiva entre las mismas y las instituciones de los barrios, dada la complejidad que los problemas sociales presentan en la actualidad. Temas como la violencia, el consumo de drogas, entre otras cuestiones, no pueden ser abordados efectivamente si la escuela cierra sus puertas a la comunidad, a sus centros de salud, a sus organizaciones comunitarias, tanto para dar discusiones y capacitarse como para realizar acciones en el espacio público que valoricen el encuentro, la construcción de vínculos y el trabajo articulado. Hemos comprobado que estas estrategias conjuntas, sostenidas en el tiempo y con los recursos apropiados, logran resolver problemas de gran complejidad.
En cuanto a los establecimientos de Educación Especial del sector estatal correspondientes a los niveles inicial, primario y medio, se observa que casi el 70% de los mismos están ubicados en la zona Norte de la Ciudad y que los D.E. 4º (La Boca), 11º (Flores) y 13º (Parque Avellaneda y parte de Mataderos y Lugano) de la zona sur no cuenta con oferta educativa de educación especial.
En la población de alta vulnerabilidad social el número de discapacitados es mayor que en la población general, ya que presentan mayor riesgo de enfermar y éstas enfermedades, dejan secuelas que afectan las diferentes capacidades.
A su vez un gran número de sujetos con discapacidad no reciben la atención necesaria, existiendo barreras arquitectónicas, culturales, sociales, desencuentros entre el sistema de Educación y Salud , distancias a los Centros de atención, y dificultades para mantener tratamientos a largo plazo.
Políticas sociales- Ejercicio de Derechos
“La Ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos. Asiste a las personas con necesidades básicas insatisfechas y promueve el acceso a los servicios públicos para los que tienen menores posibilidades”
Art. 17 Constitución de la Ciudad
En torno al acceso a los programas sociales, lo entendemos como la posibilidad del ejercicio de Derechos Humanos Básicos de las personas, como son: alimentación, vivienda, educación y trabajo (entre otros) del cual el Estado, en todas sus jurisdicciones es responsable inherente de garantizar dichos Derechos.
En la actual gestión se instaló en las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social –en particular allí, pero puede extenderse al resto de los ámbitos de gobierno- una lógica perversa de la exclusión social. Esta consiste en no negar de plano el acceso de las familias a los diferentes beneficios –subsidios, tickets, etc.- sino en desgastar a los beneficiarios solicitando una y otra vez distintos requisitos, provocando en los mismos que renuncien a la posibilidad de acceder a los mismos. Entre estos requisitos podemos mencionar la exigencia de presentación de historias sociales (elaboradas por profesionales) para reservar turnos para ingresar a algún programa; estas historias no tienen como objetivo un trabajo conjunto o seguimiento de las situaciones, sino dificultar el acceso a los mismos.
Lo que se esconde detrás de estas infinitas situaciones es el vaciamiento de las políticas públicas de desarrollo social en la Ciudad de Buenos Aires, la discrecionalidad en el otorgamiento de los beneficios y la voluntad de no financiar con recursos genuinos a la población más vulnerable. Vemos con preocupación un mecanismo diseñado para desgastar a los vecinos y paralelamente desfinanciar las políticas que deberían brindar atención a estos sectores, que ven profundizada su situación de marginación y vulneración de sus derechos más básicos a la alimentación, la educación, la vivienda, el acceso a medicamentos.
En lo referido específicamente a la situación de los migrantes en la Ciudad, la experiencia de trabajo nos demuestra que “la irregularidad migratoria” resulta un fundamento para negar el ejercicio pleno del Derecho .
Es importante resaltar que desde los programas sociales y demás servicios dependientes del Ministerio de Desarrollo Social del GCBA, se entiende como irregularidad migratoria no haber comenzado el trámite de radicación, es decir, no tener la residencia precaria o bien, no tener DNI Argentino, siendo estos los requisitos que garantiza el acceso a la atención y la posibilidad de solicitar y ser “beneficiario” de dichas políticas (Subsidio Habitacional, Nuestras familias o Ciudadanía Porteña).
Un ejemplo claro de dicha situación es lo que sucede con las respuestas desde el programa “Emergencia Habitacional” ante las problemáticas habitacionales que vivencian aquellas personas que no poseen DNI argentino. Esta condición no solo afecta a los migrantes que no tramitaron su radicación, sino también a todas aquellas personas que no tienen su DNI, las cuales son las de mayor vulnerabilidad, dado que dicho subsidio puede garantizar parte del pago del alquiler de una vivienda, evitando que las familias transiten por desalojos violentos y situaciones de calle.
Otras de las dificultades que se les presenta a quienes viven en villas es que no subsidian alquileres dentro de las mismas. Por otro lado, las gestiones ante el Instituto de la Vivienda de la Cuidad de Buenos Aires (encargado de dar respuesta a la problemática de vivienda de las Villas), se solicita DNI argentino, entre otros requisitos, para la inscripción a sus programas .
Adicciones
En el contexto de la Ciudad, la gestión de las políticas de asistencia y prevención de los consumos problemáticos de drogas está desarticulada, a pesar que la Ley aprobada, aún no reglamentada, prevé acciones integradas entre los Ministerios de Salud, Desarrollo Social y Educación. En los hechos, solo el Ministerio de Desarrollo Social cuenta con presupuesto específico para esta problemática y el Ministerio de Salud carece de presupuesto propio, respecto del Ministerio de Educación no se conocen acciones concretas.
Esta desarticulación imposibilita un abordaje integral del problema debido a los siguientes obstáculos:
En el área Salud cuando se requiere un dispositivo de mayor complejidad para resolver apropiadamente la situación-problema no se cuenta con unidades de desintoxicación en Hospitales, además se carece de unidades de traslado cuando se evalúa la necesidad de internaciones a comunidades terapéuticas no conveniadas con el Estado.
Las modalidades de admisión generan exclusión: por ejemplo en Nación, la Sedronar deriva a la población de usuarios de drogas mayores de 18 años a comunidades terapéuticas conveniadas, a tal fin realiza varias entrevistas de evaluación antes de la derivación, previa presentación del DNI y certificado del ANSES donde se constata que no estén trabajando.
En relación a los/as niños/as y adolescentes residentes en Ciudad de Buenos Aires la admisión está centralizada en el ASA, dependencia del Ministerio de Desarrollo Social de Ciudad sita en la calle Piedras al 1200, donde son derivados para ser admitidos en una comunidad terapéutica.
Los equipos de salud desconocen absolutamente el perfil o la modalidad de abordaje de las comunidades terapéuticas conveniadas tanto por la Sedronar como por ASA. (Casa Puerto, es la única comunidad terapéutica del GCABA) De esta manera se vuelve a constatar la ‘puerta giratoria’ del sistema en general. Estos dispositivos de internación no contemplan las características de cada sujeto, es así como la mayoría de ellos terminan interrumpiendo los tratamientos, contribuyendo en definitiva estas instituciones a la exclusión y marginación de aquellos a quienes deberían asistir.
El Ministerio de Desarrollo Social cuenta con otras áreas, tales como la Dirección de Niñez y Adolescencia de la cual depende tanto la derivación de niños y adolescentes a hogares convivenciales, paradores como a otros programas: Vínculos o el Programa de acompañamiento hospitalario necesarios para trabajar con esta población, sin embargo, los efectores de salud que asisten dicha problemática no tienen acceso directo a estos recursos a la hora de resolver una urgencia o emergencia en el momento en que lo requiera la intervención.
Por otro lado, en los programas que generan reinserción social –por ejemplo el Programa Lazos donde los jóvenes se insertan laboralmente en el sector público o privado con el fin de generar ingresos económicos- , los jóvenes están cuatro meses sin cobrar, dificultando seriamente el sostenimiento de los/as adolescentes en los respectivos proyectos.
La problemática de las adicciones, en el marco de una población de alta vulnerabilidad social y sanitaria con poca o nula accesibilidad al sistema de salud, requiere de tratamientos que brinden mayor sostén de contención en lo que respecta a las carencias sociales, económicas y educativas, a través del desarrollo de actividades en estrecha implicancia con la trama comunitaria.
Salud
Si bien la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el Art. 20 “garantiza el derecho a la salud integral”, tomando “el gasto público en salud como una inversión social prioritaria” vemos la dificultad a la accesibilidad (criterio enunciado específicamente en la Constitución) a los servicios de salud de la población de bajos recursos, por falta de ingresos, escasez de recursos, distancias geográficas o culturales, dificultando un diagnóstico precoz, control y tratamiento correcto de enfermedades colocando a esta población en condiciones de vulnerabilidad: mayor riesgo de enfermar y morir por patologías reducibles.
Lo anterior se evidencia en la existencia desde la epidemiología en patrones de morbilidad y mortalidad diferenciales según estratos sociales. La zona sur alcanza los índices más altos de mortalidad infantil, viendo que la Tasa de mortalidad infantil (por mil) por tríenos según CGP de la Ciudad de Bs As 2000/2004 ( ):
-En el CGP 8 es el 17,1,
-En el CGP 7: el 9,2,
-En el CGP 5: 14,6,
-En el CGP 4: el 11,7,
-En el CGP 3: 12,6 y
-En el CGP 1: el 10,6.
Tasas estas mas altas que las de los CGP de Zona Norte:
-En el CGP 10 es de 6,3
-En el CGP 2 Norte 6,8
Si tomamos la tasa acumulada de notificaciones de VIH x 1000.000 habitantes según zona de residencia en la CABA 2003-2008 vemos que ( ):
-Zona Norte: la tasa es de 38,5%
-Zona Centro: es de 48,1%
-Zona Sur: es de 84,5%
Por lo cual es posible observar una tasa de diagnóstico de VIH x 1000.000 habitantes en que la zona sur de la ciudad duplica a la zonas norte y centro en el número de pacientes.
Dado el nuevo escenario asistencial del subsector público, definido por un aumento, heterogeneidad y complejización de la demanda, el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires muestra un modelo de atención estructurado en función de la oferta asistencial para la atención de la enfermedad y la urgencia relegando tiempo y recursos para las actividades de prevención y promoción de la salud en conjunto con la comunidad. Estas aún así se realizan en muchas oportunidades por la voluntad y energía de equipos de salud, que se desgastan a causa de la tarea.
Los Centros de Salud se caracterizan por atender población materna infantil prioritariamente. Encontrándose en primer lugar de demanda la atención de los niños con problemas respiratorios, diarreas, parásitos, problemas dermatológicos, nutricionales. En relación a los adultos se destacan las embarazadas en relación a su control obstétrico y el programa de TBC para el diagnóstico, control y tratamiento del cada vez mayor número de familias afectadas por la tuberculosis. Tomando las unidades asistenciales de la zona sur de la CABA vemos que se encuentra el mayor porcentaje de casos notificados en el 2008: el 65,9 %
Esta realidad de atención fragmentada y saturada, además de vulnerar el derecho a una atención integral, accesible, eficaz y de calidad para la población usuaria de los servicios establecidos por la Constitución y la Ley Básica de Salud -legislaciones que definen sus derechos en este tema- genera que la población deba enfrentar además situaciones de maltrato y discriminación, negativas de atención por indocumentación o lugar de residencia, excesivas demoras en la obtención de turnos para la atención y estudios o cirugías, falta de provisión en tiempo y cantidad de leche, medicación, prótesis recetadas, déficit de mantenimiento edilicio y equipamiento técnico hospitalario.
El actual gobierno además impuso al sector una política de recortes presupuestarios para la compra de insumos y medicamentos que llegó por momentos a desabastecer por completo las farmacias de los hospitales y centros de salud, debiendo suspender cirugías y programas enteros y la entrega de medicación para que los pacientes puedan realizar el tratamiento acorde a la patología.
A modo de cierre e invitación
Como espacio de Inter-Redes, nuestra principal intención con este documento es dar a conocer desde nuestra propia mirada la realidad que estamos viviendo quienes trabajamos o vivimos día a día en las zonas más castigadas de la Ciudad. No pretende ser un documento cerrado, sino, por el contrario, funcionar como disparador de debates, conversaciones e intercambios, que hagan posible una mirada común de la realidad que nos toca vivir. Esa, creemos, es una condición para aportar al diseño y fortalecimiento de políticas públicas que aborden estos temas integralmente.
Como actores sociales tenemos la responsabilidad de asumir en nuestra tarea cotidiana un diálogo creativo y constructivo, que nos permita constituirnos como agentes de transformación, desde una visión crítica y autocrítica de las tareas que llevamos adelante y de nuestro rol como trabajadores/as, vecinos, educadores, profesionales, etc.
Es por eso que invitamos a circular este documento y enriquecerlo, discutirlo y dar lugar a nuevas miradas que nos permitan seguir construyendo una realidad más justa y digna para todos/as.
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